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151 familias campesinas viven en este predio de 2072 hectáreas desde hace más de 20 años, debido a que el INCORA, hoy Agencia Nacional de Tierras, les adjudicó estas tierras bajo la Ley 160 de 1994 que reguló los baldíos.

 

A finales de 2019, de manera fraudulenta, la Superintendencia de Sociedades impartió orden al Juez promiscuo de Beltrán, Cundinamarca, de desalojar en enero de 2020 a los campesinos. Al constatar la ilegalidad de la orden, el Juez se abstuvo de ejecutarla. 

 

A pesar de las irregularidades cometidas por funcionarios públicos que se han evidenciado a lo largo de los últimos años, la Superintendencia Delegada para procesos de insolvencia insiste en desalojar a los campesinos para favorecer a terceros de mala fe.

 

Actualmente los campesinos siguen siendo revictimizados por agentes del Estado.

La Historia Oficial

Todo se remonta al año 2009, cuando unos ex funcionarios del INCORA se enteran que los campesinos deben a FINAGRO sumas importantes de dinero que no pudieron pagar. Los abordan para advertirles que les van a rematar el inmueble, y les informan que la única solución es vender la finca a unos clientes que ellos mismos presentan por la suma de 10 mil millones, a pesar de que el valor de la tierra era significativamente superior. 

 

Por desinformación, los campesinos aceptan los términos del negocio y proceden a suscribir escritura de venta en la que acuerdan un pago de 2 mil millones de pesos. El saldo restante de 8 mil millones sería pagado a los cuatro meses de la firma de la escritura, cosa que nunca sucedió.

 

La promesa de compraventa se celebró el 18 de abril de 2008. El comprador fue Mario Gutiérrez, actuando como representante legal de una sociedad denominada Sociedad Agrícola Guacharacas SAS, constituida 11 días antes de la compra, con un capital de 12 millones de pesos para la compra de un inmueble de 11 mil millones. Posteriormente, Gutiérrez fue relevado en el negocio por Luis Guillermo Cortázar, comerciante de llantas en Bogotá. En el negocio también participaron activamente Edgar Rueda,  y Guillermo Forero, funcionarios del INCODER.

 

Una vez adquirida y registrada la propiedad a favor de los compradores, estos se declaran en insolvencia y el caso es asumido por la Superintendencia de Sociedades, entidad  que ha favorecido reiteradamente los intereses de los propietarios ilegales del Inmueble y que el pasado mes de noviembre ordenó, de manera ilegal, el desalojo de los campesinos. Para ello,  comisionó al Juez Promiscuo de Beltrán, Cundinamarca, desalojar a los campesinos el pasado 30 de enero.  Previamente a la diligencia, el Juez había detectado abuso de autoridad por parte de la señora Bethy Elizabeth González, Coordinadora del Grupo de Reorganización de la Superintendencia de Sociedades, ya que ordenó la entrega de la Hacienda estando recusada y suspendido el proceso.

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La diligencia se frustró por ilegal. A la fecha la posesión la tienen los campesinos.

El Incora, hoy Agencia Nacional de Tierra, le adjudica a los campesinos

La historia de la finca Las Guacharacas comenzó en 1968. Desde esa época tuvo varios dueños, hasta que llegó, en 1981, a manos de la empresa Cultivos y Ganados Guacharacas Ltda., propiedad de los dueños de Arroz Diana. Se plantó arroz en la mayoría de las 2.072 hectáreas. Sin embargo, el conflicto armado obligó a sus propietarios a abandonar la finca y, en abril de 1997, el Incoder se la entregó a 151 campesinos, quienes, apoyados por el Gobierno, compraron la tierra.

Aparecen compradores de la mano de funcionarios públicos

Tanto Rueda como Forero, el primero funcionario de Incoder para la época y el segundo ya retirado, atemorizaron a la gente de Las Guacharacas al decirles que tenían que vender sus tierras, porque el Estado se las iba a quitar a raíz de la deuda que no estaban cumpliendo.

Los campesinos caen en la trampa

La entidad financiera (EL BBVA), al darse cuenta de que existía un proceso de hipoteca a favor de la Caja Agraria –hoy Banco Agrario–, señaló que no había posibilidad de negociar el predio.

Un nuevo socio

Posterior a la firma del negocio apareció un nuevo socio en la Empresa Agrícola Guacharacas. Se trataba de Luis Guillermo Cortázar, un empresario de Bogotá que maneja repuestos de llantas para el servicio de transporte integrado de la capital.

Participación de funcionarios del extinto Incoder

En noviembre de 2016 El Espectador indagó sobre Édgar Rueda, quien, según los campesinos, fue uno de los funcionarios del Incoder que los presionó para vender la finca Las Guacharacas.

La Defensa de los campesinos

La defensa se basa en que existieron irregularidades sustanciales que colindan con delitos como la estafa, la falsedad y el fraude procesal por parte de los compradores y de las personas que constriñeron a los campesinos a vender en unas condiciones desventajosas, manipulados por ex funcionarios del INCORA y funcionarios de la Superintendencia de Sociedades. 

 

La escritura pública de venta requería de una autorización expresa y por escrito por parte del INCORA para ser efectiva, por tratarse de una venta especial; así lo dispone la Ley agraria. Este documento nunca existió ni consta en la escritura pública de venta, por lo cual ni la Notaría 76 de Bogotá, ni la Oficina de Registro de Facatativá debieron permitir la concreción del negocio. Sin embargo, contrario a la Ley, la venta fue registrada.

 

Existió, desde el mismo momento de la escritura, una lesión enorme, pues el inmueble objeto de la venta superaba por decenas de veces el valor por el que fue adquirido. 

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Por lo anterior, los apoderados de los campesinos presentaron demanda verbal declarativa para que se resuelva por incumplimiento por parte de los compradores la escritura pública de compraventa, bajo la premisa de que nadie es dueño de lo que no ha pagado, como ha ocurrido en este caso. Ver demanda

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Este proceso cursa actualmente ante un juzgado civil del circuito de Honda, Tolima, que ya admitió la demanda y decretó medidas cautelares sobre el inmueble a favor de los campesinos.

 

Recientemente, se solicitó a la oficina de registro e instrumentos públicos de Facatativá que proceda a corregir la anotación donde se registra la venta del inmueble, como consecuencia de todas las irregularidades en que incurrieron tanto la Notaria, como la oficina de Registro. Ver derecho de petición

El Papel de la Superintendencia de Sociedades

Una absurda pirueta

Se trata de un caso de corrupción administrativa al servicio de intereses oscuros de particulares. Estamos ante un abuso por parte de funcionarios de la Superintendencia de Sociedades de la ley de insolvencia - Ley 1116 de 2006 - aprovechando que esta, de manera absurda, solo contempla una instancia, dejando, en este caso, a un grupo de campesinos carentes de una instancia superior para hacer valer sus derechos. 

"A la Superintendencia se le fue la mano"

Enero de 2020

Estando impedida para hacerlo, una funcionaria de la Superintendencia de Sociedades comisionó al juez promiscuo de Beltrán - Cundinamarca para entregar el predio a los compradores ilegales.

"El Despacho debe dejar total claridad que a la fecha en que se resuelven los recursos allegados, los memoriales presentados y la recusación requerida, no fueron trasladados por la parte de la Superintendencia de Sociedades, ni el auto 2019-01482875 del 12 de diciembre de 2019, proferido por la Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganización I de la Superintendencia de Sociedades, ni el auto 2019-01-482224 del 18 de diciembre de 2019 emanado por la Coordinadora del Grupo de Acuerdos de Insolvencia en ejecución, donde se ordena suspender nuevamente el proceso con el fin de que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva dichas recusaciones a pesar de que el pasado 22 de enero este Despacho requirió de manera urgente a la Superintendencia de Sociedades que allegara los autos mencionados.". 

Ver Auto del 24 de enero de 2020

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Juez Promiscuo de Beltrán, Cundinamarca

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24 de enero de 2020

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Para consultar las actuaciones del proceso, diríjase a la Baranda Virtual de la Superintendencia de Sociedades.

Expediente No. 66558

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Contenido elaborado por Charris - Morales  Sáenz Asociados S.A.S.

Fuente externa Periódico El Espectador, noviembre de 2016.

haciendaguacharacas@gmail.com

Bogotá - Colombia. 2020. 

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